Síntesis: una vez informadas de una posible suplantación de identidad, las entidades financieras y/o crediticias deberán cumplir con la ejecución de las actividades impuestas por la ley para estas situaciones. En todo caso, la facultad de determinar si efectivamente existió suplantación de identidad corresponde a las autoridades judiciales competentes.

«(…) mediante la cual formula las siguientes inquietudes relativas a la aplicación de lo dispuesto en la Ley 2573 de 2026:

1. Si un cliente en su petición escrita o verbal NO presenta denuncia ante Fiscalía o Policía por posible suplantación, ¿es obligatorio igual que la entidad crediticia inmediatamente deba suspender los cobros y marcarlo en centrales como víctima de falsedad?

De modo preliminar, es importante precisar que esta respuesta se emite en ejercicio de la función de absolver consultas de carácter general y abstracto atribuida a esta Superintendencia, por lo que no tiene por objeto resolver casos particulares ni definir situaciones jurídicas concretas.

Precisado lo anterior, es pertinente anotar que la Ley 2573 fue publicada el 19 de mayo de 2026 y en su artículo 13 dispone que entrará en vigencia dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación, con excepción de los parágrafos primero y segundo del artículo 5, los cuales rigen desde la promulgación de la ley.

En ese contexto y sin perjuicio de las instrucciones que, en desarrollo del parágrafo primero del artículo 5, corresponda expedir a esta Superintendencia dentro del término legal en relación con los protocolos que deberán observar sus entidades vigiladas frente a eventos de posible suplantación de identidad, se observa que el artículo 8 dispone que, una vez el operador de telecomunicaciones o la entidad financiera y/o crediticia es informado de la presunta suplantación de identidad, deberá suspender de manera inmediata el cobro del bien o servicio involucrado, incluidos los intereses, gastos de cobranza y demás conceptos asociados a la obligación.

La misma disposición establece que la entidad deberá informar a la persona presuntamente suplantada que cuenta con un plazo de veinte (20) días hábiles para interponer la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y allegar los soportes respectivos. Así mismo, prevé que, vencido dicho plazo sin que se presente la denuncia y los documentos de soporte, la entidad podrá reanudar el cobro de la obligación, incluidos los intereses y demás gastos, así como efectuar el reporte^[1] correspondiente ante los operadores de información.

Por su parte, el numeral 2 del artículo 5 de la citada ley establece que los operadores de información deberán incorporar una marca visible que identifique a la persona como "víctima de falsedad personal", cuando exista denuncia por falsedad personal o delitos conexos.

De la lectura sistemática de las anteriores disposiciones se desprende que la ley regula de manera diferenciada la suspensión inmediata del cobro y el tratamiento de la información reportada a los operadores de información. En ese sentido:

1. La suspensión inmediata del cobro procede desde el momento en que la entidad es informada de una suplantación de identidad y no se encuentra condicionada a la presentación previa de una denuncia.

2. La persona suplantada tiene la carga de interponer denuncia por el delito de falsedad personal y conexos ante la Fiscalía General de la Nación, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que informó a la entidad financiera y/o crediticia sobre la suplantación de identidad^[2], so pena de que esta última reanude el cobro respectivo.

3. La incorporación de la marca de "víctima de falsedad personal" requiere la existencia de una denuncia por falsedad personal o delitos conexos.

2. Si la entidad crediticia en forma preliminar determina aún sin la denuncia del cliente, que NO es suplantación ¿de igual forma debe realizar la entidad la denuncia?

Sobre este particular, encontramos que el artículo 10 de la Ley 2573 de 2026 establece:

ARTÍCULO 10. DEBER ESPECIAL DEL OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, ENTIDAD FINANCIERA Y/O CREDITICIA Y DE LAS DEMÁS AUTORIDADES EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. Con el fin de coadyuvar a la administración de justicia y recortar los tiempos en la resolución de estos asuntos, el operador de telecomunicaciones o entidad financiera y/o crediticia y demás establecimientos comerciales con esta competencia debe verificar detalladamente la veracidad de la presunta suplantación y de encontrarse elementos que evidencien la suplantación, se liberará a la persona suplantada de la obligación de interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se le exonerará y desvinculará de cualquier cobro por cuenta de la adquisición de este bien y/o servicio.

El operador de telecomunicaciones, la entidad financiera y/o crediticia o las demás autoridades en el ámbito de sus competencias cuando conozca de estos casos, no podrá determinar que no existió suplantación, toda vez que esta decisión estará reservada a las autoridades judiciales competentes (se subraya).

En ese orden, la propia ley prescribe que no es dable para la entidad financiera determinar que no existió suplantación de identidad, por tratarse de una decisión reservada a las autoridades judiciales competentes. En consecuencia, el supuesto planteado en la consulta no corresponde al procedimiento previsto por la Ley 2573 de 2026.

Lo anterior, sin perjuicio de las consideraciones expuestas al responder la primera inquietud respecto del deber de formular la denuncia penal previsto en el inciso tercero del artículo 8 de la Ley 2573 de 2026, conforme al condicionamiento efectuado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-413 de 2025.